Para todos los valientes del personal de salud
en los pasos fronterizos
«Nos preocupa como científicos que se
nos persiga y señale por un informe técnico cuyo objetivo es el de contribuir
al mejor manejo de esta pandemia»
Academia Nacional de Ciencias
Naturales, Venezuela
I
Un
servicio puede definirse como el conjunto de acciones dirigidas a
satisfacer necesidades de alguna índole particular o colectiva. Desde
este punto de vista, un servicio de salud debe estar orientado a dar
respuestas en este ámbito, tanto en los aspectos curativos como
preventivos, y el mismo estaría direccionado según el tipo de sistema de
salud al que da respuesta. En este sentido, el servicio
de salud es el que está en contacto directo con los ciudadanos, lo que
cumple con el binomio productor-consumidor presente en la producción de
cualquier servicio, ya que al ser un "bien intangible", el mismo no
puede almacenarse y el "producto" se genera durante esta interacción. Es
por ello que si un servicio no se usa, pierde su capacidad de
respuesta, y por lo tanto no puede valorarse sino en el momento en que
es recibido por los ciudadanos, quienes determinan la calidad del mismo.
El
objetivo fundamental de los servicios de salud es proveer las acciones
necesarias para proteger o mejorar el estado de salud de la población en
general; es así como la producción de estos servicios, es un proceso
complejo en el cual interactúan recursos de diversas índoles con el
propósito de ofrecer acciones concretas que tengan impacto sobre el
estado de salud de la población a la cual está dirigido.
La efectividad de la combinación de dichos recursos de tipo cognitivo
(conocimiento, tecnología), físico (edificios, materiales, suministros,
equipos, etc.), financiero y humano, cuya efectividad también dependerá
de otros recursos disponibles y factores organizativos, como la división
y organización del trabajo (definido por leyes, contratos, acuerdos,
tradiciones) , el marco jurídico-administrativo para la producción y
distribución de servicios, el sistema de incentivos (la forma, el nivel y
la estructura de remuneración y pago) y el sistema de capacitación e
investigación. La administración de estos recursos determinará la
calidad de los servicios de salud y la percepción de la misma como
eficaz por parte de los usuarios.
La
administración del sector salud consta de políticas, programas y
procedimientos nacionales a través del cambio de las prioridades, leyes,
reglamentos, estructura administrativa y organizativa y ordenación
financiera del sector salud cuya planificación – idóneamente - busca el
acceso, la equidad, la calidad, la eficiencia y/o la sustentabilidad
del sector.
La
verdad sobre los indicadores y el proceso administrativo de servicios
del sector salud es variable y extraordinariamente relativa. Siempre
dependiente de las narrativas comunicacionales impuestas por las
instituciones gubernamentales o quienes se opongan a las mismas, las
estadísticas no revelan con exactitud el nivel del impacto de las
políticas del sector salud sobre la población por ser las mismas
resultados de manejos inhumanos, condicionalmente “objetivas”, muchas
veces amañadas para garantizar cierta “coherencia” en mensajes
contextualizados en coyunturas electorales.
Cuando
se interpretan los indicadores por comparación - por ejemplo,
porcentaje de financiamiento del Estado asignado a la medicina
preventiva y porcentaje de servicios prestados por el sector privado –
puede llegarse a conclusiones equivocadas o sesgadas sobre el desempeño
del sistema de salud pública de una nación – ya sea en sentido negativo o
positivo – puesto que inevitablemente se presentarían variaciones “de
acuerdo al punto de partida” de cada análisis comparativo de datos: Si
se estudian los alcances de las reformas planteadas en el sector salud
en determinado país, o los logros de las medidas tomadas por una
administración en el diseño preventivo frente a una emergencia sanitaria
- como la planteada actualmente debido a la pandemia SarsCov2 (COVID19)
– podrían presentarse como públicos “esfuerzos” privados.
La
producción de servicios se caracteriza por ser de carácter público y
privado. Los servicios públicos de salud pertenecen al Ministerio del
Poder Popular para la Salud, ente rector en salud del Estado y al
Ministerio de Educación Universitaria. El sistema de salud de Venezuela
está conformado por un sector público y un sector privado. El sector
público está constituido por el Ministerio del Poder
Popular para la Salud (MPPS), los organismos de salud descentralizados y
las instituciones de la seguridad social, principalmente el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el Instituto de Previsión
Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), el Instituto de Previsión y
Asistencia Social del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
(IPASME), Petróleos de Venezuela (PDVSA) y universidades.
El
sector privado está constituido por quienes prestan sus servicios a
cambio de pago directo y por compañías de seguros de salud. El MPPS es
financiado con recursos del gobierno central, estados y municipios. El
IVSS es financiado con cotizaciones patronales, cotizaciones de los
trabajadores y con aportes del gobierno. Ambas instituciones cuentan con
su propia red de atención ambulatoria y hospitalaria.
El IPASME, IPSFA y las universidades es financiado con aportaciones de
los empleadores y de los trabajadores. También cuentan con su propia red
de establecimientos para atención ambulatoria, pero contratan los
servicios de hospitalización principalmente con el sector privado, a
excepción del IPSFA que cuenta con su red de hospitales. Las empresas
públicas como Petróleos de Venezuela (PDVSA) contratan servicios
privados de salud. El sector privado es financiado con el pago directo
de los usuarios al momento de recibir los servicios o a través del pago
de primas de seguros de salud. La atención se ofrece en consultorios y
clínicas privadas.
Los
problemas del sistema de atención de salud de la nación involucran a
muchos actores, instituciones y partícipes. Aunque en su mayoría son de
carácter técnico, las soluciones requieren mucho más que sólo aplicar
respuestas técnicas: es un proceso preeminentemente político donde sus
actores fluctúan desde sistemas que se basan totalmente o en gran medida
en servicios de salud financiados y prestados
por el estado; sistemas mixtos estatales, de seguridad social y del
sector privado; organizaciones mixtas gubernamentales y no
gubernamentales y sistemas del sector privado con fines de lucro; y los
sistemas mixtos estatales y desarrollados del sector privado.
II
Los
principales ítems de discusión o que estimulan el debate en torno a la
administración de la salud en una nación son los siguientes:
• Aumento del acceso a los servicios de salud (prestación del servicio).
• Eficiencia y rentabilidad de los servicios (planificación y finanzas e instituciones de investigación).
• Equidad (salud pública).
• Mejora en la calidad, condición de la salud y tasa de mortalidad globales sin consideraciones de costo.
• Sustentabilidad de programas y proyectos relacionados al sector salud.
• Acceso a una mejor atención de salud a bajo costo.
Para
poder lograr el desempeño eficaz de estos servicios, se debe llevar a
cabo una gestión que garantice que esta producción sea sustentable en
el tiempo y que tenga la calidad esperada. Es decir, la administración
de estos recursos, la gestión de los servicios de salud tiene cuatro
funciones básicas:
• Planificación: definición de objetivos y estrategias.
• Organización: orientada al cumplimiento de los objetivos.
• Control: permite la evaluación de las medidas planificadas, su revisión y rectificación en caso necesario.
• Información: como herramienta imprescindible para el desarrollo de todo el proceso.
• Planificación: definición de objetivos y estrategias.
• Organización: orientada al cumplimiento de los objetivos.
• Control: permite la evaluación de las medidas planificadas, su revisión y rectificación en caso necesario.
• Información: como herramienta imprescindible para el desarrollo de todo el proceso.
Se
plantea la gestión de recursos humanos como todas las actividades y
aspectos administrativos relacionados con el trabajo de las personas en
una organización. Esta dimensión de gestión se refiere a acciones que
favorecen la creación de condiciones laborales que ayuden a los
proveedores de servicios a producir servicios de calidad. Son acciones
de naturaleza variable que denotan una actitud general
de disposición a ayudar a las personas a hacer su trabajo en beneficio
de la organización con una gerencia que les respeta y reconoce el valor
de su trabajo.
El
reto más importante de la planificación de recursos humanos para la
salud es apoyar la estrategia de atención primaria a la que los
gobiernos de muchos países se comprometieron en Alma-Ata desde 1978, y
con la meta de “salud para todos en el 2000” de la OMS. La planificación
de recursos humanos para la salud —así como de otros recursos— debe
considerarse como un ejercicio técnico-político. Es necesario tomar en
cuenta las características del sistema político, incluido el papel que
juegan diversos actores sociales, para poderla llevar a cabo. Uno de los
problemas más importantes de la planificación es quizás verla como un
ejercicio puramente técnico-racional, cuando el componente político es
determinante y juega un papel fundamental. Además, la planificación del
conjunto de recursos humanos en el campo de la salud se confirma como un
ejercicio sumamente complejo de llevar a la práctica, ya que involucra
una serie de valoraciones frecuentemente ajenas a la racionalidad
(económica), que modifican los patrones de distribución de los recursos
disponibles.
En
general, las promesas de cada proyecto político presentado previamente a
cada campaña electoral – y en la actualidad - se exponen así: “Por
tanto, nos enfocaremos en nuestras metas principales: primero, crear un
mejor sistema de servicios por niveles ofreciendo servicios multiniveles
para ancianos discapacitados; segundo, actualizar el sistema de
servicios de transporte público exclusivo de la
urbe y zonas aledañas para ofrecer una atención de calidad a todas las
edades, pero sobre todo a nuestros abuelos; tercero, crear o mejorar el
sistema de gestión inteligente… etc”. Sin embargo es valido preguntarse
¿cómo pueden medirse los niveles de calidad de vida y el impacto de las
políticas públicas en el sector salud, por ejemplo, si los indicadores
se “estudian” en base a las promesas hechas durante las campañas
electorales y se amañan las cifras de dichas estadísticas?
La
Organización Mundial de la Salud, en ese sentido, declara dedicar
esfuerzos a desarrollar esquemas conceptuales que permitan evaluar la
descentralización del sistema de salud de las naciones con el uso de
indicadores que responden exclusivamente a lo que convenga a quienes
aportan los fondos para sostener dicha organización: principalmente los
países miembros del G8, principales inversores y financistas de los
programas de investigación, dentro de los cuales se encuentran las sedes
de las más importantes farmacéuticas del planeta.
De
este modo, cuando se habla de reformar el sector salud de un país se
habla de mejorar el acceso a un sistema de salud de calidad,
comprendiendo por calidad aquellos servicios de salud que dependen
exclusivamente de la inversión del sector privado, los cuales son
equitativos pero en la distribución de la miseria puesto que sus
"acciones" provocan deficiente calidad en los servicios públicos de salud
debido a la emigración del personal médico hacia "zonas de mayor
rentabilidad" (Caso Dr. Valerio en POR ESTAS CALLES), insuficiente
financiamiento gubernamental, uso ineficiente de los recursos
disponibles aunado a asignación inadecuada de los recursos para
servicios de salud eficientes en función de los costos (por ejemplo,
cuando insumos de los servicios estatales aparecen en almacenes de
clínicas privadas), falta de incentivos para los trabajadores del sector
salud dependientes de las nóminas del Estado para proporcionar
servicios de calidad, reglamentaciones inadecuadas o barreras poco
apropiadas para una prestación de servicios sumado a la distribución no
equitativa de los recursos entre la población pobre y la más acomodada.
Si
bien es importante otorgar exenciones tributarias para bienes básicos
de salud importados que permitan el ejercicio de la medicina, dichas
exenciones no deben ser otorgadas para quienes ejercen la medicina
privada puesto que esto no garantiza la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos de una nación: Los estudios de ciertos indicadores
apuntan, por ejemplo, a fortalecer la concesión de licencias y
certificados de aptitud y competencia en aras de intensificar la
presencia del ejercicio de la medicina privada y el pluriempleo del
personal de salud pública para facilitar la implementación del negocio
de la venta de seguros de salud a las instituciones gubernamentales y
empresas, negocios siempre prestos al cobro mensual y nunca claros en
cuanto a reglamentaciones estatales se refiere.
III
La
crisis actual del coronavirus ha puesto en evidencia las graves fallas
estadísticas, el mal manejo o manejo conveniente de indicadores y la
potencial catástrofe porvenir.
Los
retrasos en los exámenes de despistaje del COVID19 – centralizados y
controlados como debe hacerlo todo gobierno RESPONSABLE - muchas veces
tardan hasta tres días y la ciudadanía no puede o no sabe o no quiere
pensar que el período de incubación del virus es de 7 a 10 días.
Se
han impuesto obligatoriamente tres líneas narrativas a lo interno de la
nación venezolana que son incansablemente repetidas por todo el
personal de salud en nómina del Estado:
- - TODO ESTÁ BAJO CONTROL: “Hemos aplanado la curva de contagios”.
- - LOS CASOS SON IMPORTADOS: “El riesgo viene de afuera y está siendo planificado por los enemigos de la nación”.
- - LAS ZONAS DE MAYOR RIESGO ESTÁN EN LAS FRONTERAS: La ciudadanía disgregándose sin control alguno junto a la flexibilización de la nunca e imposible de acatar cuarentena obligatoria han sido causal de la multiplicación de casos en las principales ciudades del interior del país. Ésta flexibilización sin acompañamiento ni vigilancia en las calles ha provocado un caos que acelerará, sin duda alguna, la aparición de nuevos casos de contagio comunitario en las estadísticas oficiales, “aparición” que no podrá ya silenciarse ni justificar con la narrativa del enemigo foráneo. A menos que, claro está, ese "enemigo foráneo" ya tenga agentes "trabajando" en los asuntos internos del Estado. Sospéchar de esto es tarea de todos.
El
13 de marzo, el mismo día que se confirmó en cadena nacional la
existencia de dos casos de contagiados por coronavirus a través de todos
los medios, el Satélite Simón Bolívar salió de su órbita para
convertirse en chatarra espacial. La información que llegaba a los
hogares venezolanos a través del sistema de medios públicos conectados
en CANTV SATELITAL dejó de funcionar y toda la señal del SIBCI
pasó al INTELSAT14 a partir del 24 de marzo. Así, sólo un tercio de
los televisores de la nación recibían información actualizada sobre el
curso de la pandemia en el país y la misma sólo sería emitida en amplio
espectro a través del canal TVEs o VTV. La señal de otros medios como
Venevisión, Globovisión y Televen no se recibe apropiadamente y es por
todos conocidos la interrupción de las “funciones de transmisión” de
DIRECTV en el país, cadena de comunicaciones perteneciente a la familia
Cisneros, aliados económicos del actual gobierno venezolano.
El
cerco informativo a la población venezolana es acompañado por un
discurso oficial que pregona estar "abierto a opiniones divergentes para
sacar lo mejor del diálogo consensuado y lo mejor de la patria, así
como también estimular a lo mejor del personal y funcionarado de los
servicios de salud pública porque lo que debe buscarse en momentos
coyunturales como estos es la unidad para poder recuperar la salud de
nuestro querido pueblo, sobre todo la de los hombres, mujeres y niños
más necesitados". Éste discurso es, a su vez, siempre relativizado por
comparación con el estado de crisis de países vecinos como Brasil y
Colombia y el manejo de la salud que desde países como Chile, Ecuador y
Bolivia hacen sus correspondientes gobiernos de “derecha”. El
cerco informativo, por tanto, es fortalecido con la descalificación
constante a toda crítica que advierte sobre las posibles consecuencias
del manejo sesgado de la comunicación en torno a lo que afecta a toda la
población de la nación.
El
23 de mayo se anuncia oficialmente que en el país ya existen más de mil
contagios. A partir del 30 de mayo, el SIBCI se ha comenzado a
transmitir a través de ARSAT2, satélite argentino para TDA, que ha hecho
disponibles canales como VTV, TVes y teleSUR incluso a los estados
fronterizos, los más afectados según estadísticas oficiales en la actual
pandemia. El 16 de junio muere el primer médico venezolano
como consecuencia del COVID19: un epidemiólogo zuliano llamado Samuel
Viloria y para el 18 de junio ya son más de 3300 contagiados en toda la
nación, según cifras oficiales. Éste aumento en el número de contagios
son justificados en la narrativa de los medios estatales “por la falta
de conciencia social”.
La
Administración gubernamental ha aplicado medidas de flexibilización que
comprenden la activación de 25 sectores económicos pero que, según
comunicados oficiales, no cumplen con la serie de medidas higiénicas y
de distanciamiento social propios de la situación de emergencia. Para el
aparato de propaganda del gobierno actual toda la responsabilidad
reside en el pueblo. Las medidas tomadas vía decreto contemplan la
vigilancia sanitaria de espacios de gran movilidad o posible
concentración: bancos, mercados, locales comerciales, bulevares,
avenidas principales, paradas y unidades de transporte público. El
distanciamiento social ha dejado de cumplirse desde hace muchos días y
la cantidad de individuos que ya no usan el tapabocas en circulación
aumenta. El sistema de salud venezolano no se ha educado en higiene,
sobre todo los últimos 8 años. Esto se debe a la falta de inversión del
actual gobierno en el sistema de medicina preventiva llamado BARRIO
ADENTRO, con el épico personal cubano, ya curtido en trabajar sin quejas
en condiciones adversas para un verdadero y sano ejercicio del servicio
médico incluso a nivel preventivo, puesto que sufrió y padeció un
verdadero brutal bloqueo imperialista y la Ley Helms Burton. De este
modo, las cifras presentadas por el personal de los Centros de
Diagnóstico Integral (CDI) distribuidos en toda la nación, se adaptan a
las condiciones impuestas por la narrativa oficial.
En
éste contexto, es difícil para el ciudadano venezolano confiar en las
cifras estimadas de afectados por la pandemia en la nación, sobre todo
si observa en cadena televisiva la inobjetable obesidad de los
interlocutores. Por tanto, la respuesta del peatón a las medidas
preventivas no puede ser otra que la indiferencia: No hay un manejo
confiable de las cifras y la información que se divulga tiene la
apariencia del maquillaje de una geisha.
Para
ilustrar el estado actual de la situación es importante destacar las
condiciones de la población adulta mayor, “tradicionalmente” la de mayor
riesgo en circunstancias similares. Debido a la aplicación de medidas
de "austeridad" propias de gobierno de corte derechista donde el
comercio y el “equilibrio económico para unos pocos” priva por encima
del derecho humano a la salud, los ancianos constituyen
el sector de la población con mayor vulnerabilidad: una abuelita, por
ejemplo, podría a duras penas llegar a un CDI y, a pesar de ello, su
condición no estaría necesariamente ligada a la sintomatología propia
del coronavirus sino al cansancio con desvanecimiento producto de las
largas horas que tuvo que pasar a la intemperie para cobrar la pensión o
solventar algunos trámites puesto que en condiciones como las presentes
una persona mayor difícilmente acatará recomendaciones sanitarias. El
anciano paga la indiferencia estatal con la misma moneda. ¿Quién puede
culparlo?
Pero
ejemplifiquemos aún con mayor detalle: Un docente jubilado que bajo las
actuales condiciones económicas de la nación está condenado a vivir de
la ayuda y las limosnas de familiares y amigos, que trabajó durante 25
años y cuyas prestaciones sociales fueron canceladas cuando ya no valían
nada puesto que las mismas medidas de corte neoliberal que el actual
gobierno implementa pulverizaron las mismas, de pronto ve que se le ha
dejado de pagar su pensión laboral puesto que no ha presentado papeles
de verificación de fe de vida. ¿Cómo podría presentar verificación de fe
de vida una persona de la tercera edad en las actuales circunstancias
donde se le exige a estos ciudadanos que trabajaron toda su vida para
levantar y sostener la nación quedarse confinados en casa por pertenecer
al grupo de los más vulnerables? ¿Se cancelarán los salarios y
pensiones con intereses de mora de acuerdo a lo establecido en el
artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o
se violará también éste artículo como se hace con el artículo 91 de la
Carta Magna?
Para
especificar o ejemplificar las condiciones de los servicios de salud,
también valdría mencionar que con el actual salario – el cual ronda los
800 mil bolívares – es imposible alimentarse adecuadamente para hacer
frente al COVID19 con un sistema inmunológico resistente. ¿Alcanza el
seguro médico de un docente universitario de 10 millones de bolívares
para gastos y 2 millones de bolívares para
funerales? ¿Querría acatar una persona de la tercera edad el llamado a
clases que el ministerio de educación de éste país hace al personal
docente jubilado? ¿Querría acatar algún médico de éste país el llamado
que hace el gobierno actual a incorporarse a la lucha contra el flagelo
pandémico que nos amenaza cuando ni alimentar con dignidad a sus hijos e
hijas, sin mencionar a sus padres y madres, puede? ¿Qué pensará el
oficial de policía o el soldado raso de éstas situaciones a las que ya
se niega a hacer frente?
Porque
sí, la Revolución Bolivariana vino de las entrañas del pueblo
invisibilizado y planteó una sociedad diferente, creó instituciones,
democratizó el conocimiento, abrió las alamedas de la participación
protagónica en los asuntos del estado, pero nunca cambió la estructura
anquilosada del mismo, estructura que sigue siendo una máquina de hacer
dinero para unos pocos, una aplanadora que se alimenta
de la desgracia de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. ¿Será
suficiente cambiar las variables e indicadores para la refundación de la
República? ¿Índice de Desarrollo Productivo para la Dignificación
Social y sus 28 nuevas variables porque avanzamos hacia la nueva
normalidad relativa, protegiendo la salud, la vida y la economía,
elevando la conciencia venezolanista y humanista? ¿No es eso lo que dice
ahora la narrativa propagandística en un mensaje de celular con tu
número de cédula? ¿Llegó el bono?
Cuando escribí éstas líneas en junio mucho quería cuidarme de no usar un lenguaje impregnado de pesimismo. Pero cómo ya puede evidenciarse, las medidas fueron inadecuadas, la curva no se aplanó y la segunda oleada - a todas luces provocada por el levantamiento irresponsable de una cuarentena con acompañamiento casi nulo - amenaza con aplastar moralmente al bravo pueblo venezolano. El número de contagios ha pasado en menos de un mes de 3300 contagios - según cifras oficiales - a más 13 700 contagios. Panorama conveniente para una administración gubernamental que ha perdido la brújula de un barco que no ha parado de hacer aguas en medio de una fosa negra oceánica. ¿Qué piensan nuestros padres y abuelos de todo esto que hoy nos embarga? En palabras de Walter Benjamin (ONIROKITSCH, 1925): "...la sentimentalidad que nuestros padres a veces destilan es precisamente buena para forjar la imagen más objetiva de nuestra manera de sentir. Lo difuso de sus palabras se contrae para nosotros de manera amarga como la hiel en una crispada figura enigmática; el ornamento de la conversación llega a estar lleno de íntimos entrelazamientos.(...) " ... Y digo, aunque a veces surgen malentendidos, ese "..ritmo con el cual la única verdadera realidad se abre paso en la conversación...", algo claro emerge en la conciencia colectiva común a todos los ciudadanos de ésta nación : Sí, la suciedad es el elemento vital de los funcionarios que suben y bajan las escaleras sólo para ensuciarlas. ¿Votamos? ¿Valdrá la pena en un país en
permanente vigilancia represiva?
